Venezuela lleva meses denunciando el secuestro de migrantes venezolanos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, donde fueron enviados por Donald Trump apelando a la llamada Ley de Enemigos Extranjeros que Estados Unidos aplicó en tiempos de guerra.
Este 30 de abril expertos de Naciones Unidas expresaron su preocupación porque el gobierno de Donald Trump no ha cumplido los criterios legales para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros.
El fiscal general, Tarek William Saab, saludó el pronunciamiento de un grupo de expertos de la ONU divulgado este miércoles 30 de abril que condena el traslado ilegal de migrantes venezolanos desde Estados Unidos y su reclusión indefinida en campos de concentración en El Salvador.
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Saab señala que los expertos de Naciones Unidas “denuncian que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 habría sido aplicada incorrectamente, violando el debido proceso y el derecho internacional y señalan que muchas personas, incluso sin vínculos con pandillas, fueron deportadas arbitrariamente, exponiéndolas a riesgos graves en El Salvador, como torturas, condiciones carcelarias inhumanas y desapariciones forzadas”.
Los expertos expresaron su profunda preocupación por las cárceles de El Salvador, donde ha habido denuncias de muertes, torturas y malos tratos, violencia intracarcelaria y desapariciones forzadas.
Destacan además que las condiciones carcelarias son contrarias a las normas internacionales: personas detenidas hacinadas en jaulas, sin artículos de primera necesidad, como colchones, y sin atención médica adecuada.
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El fiscal general Tarek William Saab, destacó que los “expertos también expresaron su preocupación por el hecho de que Estados Unidos haya abusivamente designado a las pandillas como organizaciones ‘terroristas’ para justificar la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros”.
El panel integrado por 18 expertos en derechos humanos señaló además que “el crimen organizado es un problema distinto que debería abordarse mediante marcos legales más apropiados. Estigmatizar falsamente a las personas como ‘terroristas’ pone aún más en peligro sus derechos”.
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También expresan preocupación por la opacidad en las detenciones en El Salvador, la falta de acceso a recursos legales y la negativa de ambos países a repatriar a deportados ilegalmente.
Señalaron que las deportaciones y las consecuentes detenciones en régimen de incomunicación parecerían implicar desapariciones forzadas, en contravención con el derecho internacional.
Muchos detenidos desconocían su lugar de destino, sus familias no fueron informadas de su detención o expulsión, y las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no han publicado los nombres ni la situación legal de los detenidos. A las personas encarceladas en El Salvador se les ha negado el derecho a comunicarse con y ser visitados por sus familiares.
Tanto Estados Unidos como El Salvador también se han negado a devolver a personas que, según los tribunales estadounidenses, han sido deportadas ilegalmente.
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“Hacemos un llamado a ambos gobiernos para que cooperen y faciliten el retorno a Estados Unidos a cualquier persona que haya sido deportada ilegalmente y desee regresar”, indicaron los expertos.
Ley de Enemigos Extranjeros
“Es evidente que no ha habido ninguna ‘invasión’ o ‘incursión depredadora’ en Estados Unidos por parte de cualquier Estado extranjero, como lo exige la Ley”.
“Incluso si algunos individuos son miembros de pandillas, la actividad de las pandillas es un crimen, no un acto de guerra. Por lo tanto, las deportaciones fueron aparentemente ilegales bajo la ley estadounidense y equivalieron a expulsiones arbitrarias e ilegales según el derecho internacional”, señalan los expertos.
Los expertos también expresaron su preocupación por el hecho de que Estados Unidos haya abusivamente designado a las pandillas como organizaciones “terroristas”, para justificar la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
“El crimen organizado es un problema distinto que debería abordarse mediante marcos legales más apropiados. Estigmatizar falsamente a las personas como ‘terroristas’ pone aún más en peligro sus derechos”, dijeron. (I)
