Encuestadoras apoyan reformas al Código de la Democracia para regularlas, pero sin que se ‘vulnere el proceso democrático’

En las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero, los sondeos a boca de urna, conocidos como exit poll , no coincidieron con los resultados oficiales, algo que generó incertidumbre entre la ciudadanía.Ante ello, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) , anunció hace pocos días que impulsará reformas al Código de la Democracia para regular mejor el trabajo de las encuestadoras puesto que en la actualidad esta entidad no tiene facultad legal para sancionarlas si los resultados que difunden están disparados.Como parte de las modificaciones se evaluarán los parámetros de calificación y se observará la trayectoria de las empresas, “para que no generen este tipo de inestabilidad, de inseguridad”, dijo Atamaint, sin dar más detalles.Al cerrarse la jornada de comicios del domingo pasado, Market difundió su exit poll en los medios de comunicación. Daba como ganadoras a las candidatas del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) a la Alcaldía de Guayaquil y a la Prefectura del Guayas.Según su sondeo, Cynthia Viteri llegaba al 40,04 % y Susana González al 32,02 %; sin embargo, en los resultados oficiales del CNE –hasta el viernes 10 de febrero a las 11:15– la primera tenía el 30,37 % de los votos y la otra 25,62 %,.Los vencedores en estas elecciones fueron los aspirantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Según el CNE, hasta el viernes 10 de febrero Aquiles Álvarez obtenía el 39,88 % de los votos para la Alcaldía de Guayaquil y Marcela Aguiñaga alcanzaba el 34,56 % para la Prefectura. En el exit poll, Álvarez tenía 30,17 % y Aguiñaga, 25,67 %. Blasco Peñaherrera Solah, director general de Market, empresa que realizó el exit poll en catorce provincias, incluida Guayas, en donde justamente se evidenció la marcada diferencia entre un candidato y otro, defiende su trabajo, del que dice que fue realizado de manera técnica.“En primer lugar el trabajo tiene que ser evaluado, comparado y contrastado una vez que concluya el proceso de escrutinio. Lo que puedo hacer es una comparación, yo he hecho una comparación para presentar a los medios de comunicación (que nos contrataron). Con los resultados que tuvimos hasta antes de ayer (miércoles 8 de febrero), me parece que fue a las 11:00, realicé una tabla comparativa”, comenta.Según la comparación que realizó y que envió a los medios, en el caso de Viteri la diferencia es de 7,10 % entre su exit poll y el resultado oficial, mientras que de González, el 3,66 %. En los candidatos de RC, para Aquiles la variación es de 7,10 % y en la de Aguiñaga, 5,93 %.Pero considera que tras conocerse del hallazgo de un centro de cómputo de actas presuntamente paralelo en la Delegación Electoral del Guayas “se tendría que repetir la elección”. Y plantea dos escenarios en ese sentido respecto a sus encuestas. “Si no se repiten hay que esperar a que se escrute todo y en ese momento realizar una comparación, pero ¿no le parece extraño que el mismo trabajo, realizado por la misma empresa, con la misma metodología, con encuestadores que trabajan de manera profesional, acierten al 100 % en doce provincias y tenga diferencias en dos?, eso para mí es extraño y qué es lo que saco yo como conclusión, hay que esperar para ver qué sucedió en Guayas...”, afirma y agrega que en caso de repetirse los comicios también repetiría su exit poll .Indica que estuvo en la Delegación de Guayas el jueves 9 de febrero para presentar una solicitud de una auditoría al sistema informático y la base de datos a John Gamboa, director del órgano electoral, quien presuntamente sería el responsable del centro de cómputo paralelo que denunció el vicepresidente del CNE, Enrique Pita.Respecto a las reformas legales, Peñaherrera Solah indica que si los cambios se dan para que la participación de las empresas, como las de él, sea mejor y vaya en beneficio del proceso democrático, “enhorabuena”. Pero dice que no va a aceptar que se vulneren sus derechos constitucionales al trabajo.Otros encuestadores consultados también están de acuerdo con mejorar la legislación, pero advierten que debe plantearse una reforma al proceso electoral en su conjunto. Francis Romero, director de Click Report, indica que para hacer cambios hay que entender el problema de fondo, lo cual a su criterio es todo el proceso electoral, partiendo desde el tiempo que dura la campaña. “Una campaña no puede durar menos de tres meses, para que un candidato que nunca ha estado en política tenga el tiempo suficiente para darse a conocer... y no sigamos escogiendo a los más conocidos o a los menos malos”, refiere. Recomienda que en las seccionales haya una segunda vuelta para alcaldes y prefectos y en esta fase se elija a los concejales. “Cómo es posible que Quito vaya a ser administrado por una persona que acaba de sacar el 25 % de la votación, eso quiere decir que el 75 % no lo respaldó...”, menciona.Sugiere cambiar el tiempo para difundir las encuestas, actualmente se pueden publicar hasta diez días antes. “No es que nosotros predijimos el futuro, una encuesta refleja lo que pasa en un cantón investigado la fecha que se investigó...”, afirma.Por su parte, Santiago Pérez, director de Clima Social, indica que está de acuerdo con que se den las regulaciones necesarias. “Es indispensable imponer esos controles para mejorar la calidad de la investigación social en todo sentido en el Ecuador, sin embargo, esto es insuficiente si es que no se toma en cuenta que también hace falta un amplio proceso de información, educación y capacitación principalmente a medios de comunicación y a actores políticos acerca de los alcances y límites de la investigación”, manifiesta.Para Pérez es importante que tanto los medios de comunicación como los políticos tengan en cuenta que la publicación de un resultado de una encuesta falsa, que es lo que ocurrió en los recientes comicios, no tiene ningún sentido y lo único que hace es develar la baja calidad de la clase política en el sentido de no saber para qué sirve la investigación. Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, señala que el tema de las encuestadoras no es un tema de legislación, sino más bien de ética, porque ya existe el reglamento emanado por el CNE, en el cual regulan las encuestas, el exit poll y los conteos rápidos.“El problema aquí, para mí, es un tema ético, es decir, hasta qué punto las encuestadoras hacen un trabajo realmente apegado a la ética y a la honestidad o están viendo simplemente o ya se han convertido en únicamente mercenarios de la opinión pública, es decir, ellos simplemente contratan y es un negocio el ser contratado por los actores políticos a quienes les mienten y les dejan ver que ellos están ganando”, dice.Hidalgo indica que no es la primera vez que se presentan casos en que el exit poll tiene una marcada diferencia y considera que las encuestas están dejando de ser un elemento que antes era válido. Para Hidalgo es importante una reforma integral no tan amplia, pero suficientemente robusta, al sistema de partidos, para que se ataque a los problemas fundamentales. “Bajar el número y el catastro de partidos y movimientos políticos... Tener reglas claras respecto de la participación política de la mujer y de las minorías sexuales... inclusive de la juventud y tener mecanismos de transparencia”, señala.En tanto que Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEK, indica que se requiere de una reforma en cuanto a la posible fiscalización de las actuaciones que tienen las encuestadoras. “Si bien el Código de la Democracia abre la oportunidad a efectos de que se puedan tener encuestadoras y que estas desarrollen un rol técnico, sí se requieren (modificaciones)”, dice.Indica que a través de procesos de coordinación con otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la academia se generalicen las metodologías y la aplicación de estas a efectos de generar encuestas, esto porque “lamentablemente de acuerdo a la configuración” actual del Código de la Democracia, lo único que se hace es la presentación de una metodología y un registro de esta.“Entonces lo que se requiere es una norma que prevea acción y reacción, es decir, que complete la eficacia normativa, ¿qué pasa en el caso de fallas de las encuestadoras, qué pasa en el caso de que las encuestadoras presenten metodologías no fidedignas, qué pasa en el caso de, después de los resultados electorales con las encuestadoras que han sido muy dispersas, en ese sentido se requiere la reforma...”, asegura. (I)

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