Tan solo horas después de que quedó en firme la sentencia condenatoria del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la vicepresidenta Verónica Abad por violencia política de género y se le suspendieron sus derechos políticos por dos años, el Ministerio del Trabajo registró el “impedimento’ para el desempeño de un cargo, función o dignidad en el sector público, lo cual es parte de la decisión adoptada.