La intención de los correístas de incluir los informes de las comisiones de Derechos Humanos para aplicar recursos de revisión penal a las sentencias ejecutoriadas pone en riesgo la aprobación del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que nació bajo el concepto de endurecer las penas para enfrentar la inseguridad del país.