Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sacaron a relucir sus diferencias al ser de las autoridades protagonistas de las conversaciones extraídas de los celulares del exconsejero de Participación Ciudadana Augusto Verduga, en las que habla con dirigentes del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana (RC) de las estrategias para evitar su destitución y la de otros tres de sus coidearios.
La presidenta del Tribunal, Ivonne Coloma Peralta, aseguró que esos diálogos son “elucubraciones”.
Este martes, 22 de abril de 2025, durante una sesión administrativa del pleno del TCE, fue la primera vez que los magistrados se interpelaron sobre la presunta planificación que hacían directivos de la RC, como Andrés Arauz, con Verduga, en la elaboración de sentencias que los favorezcan.
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Fue el juez Fernando Muñoz, expresidente del Tribunal, quien mocionó tratar el expediente de investigación de la Fiscalía General del Estado, denominada caso Liga2, que se abrió tras incautarse dos teléfonos celulares de Augusto Verduga Sánchez, por una denuncia que interpuso el titular de la Superintendencia de Bancos, Roberto Romero von Buchwald.
En el proceso se investiga un presunto delito de asociación ilícita en el que están vinculados, además de Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos Rivas, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y Nicole Bonifaz, que está en funciones.
Los denunciaron luego que el 22 de enero de este año, los cuatro consejeros resolvieron reconocer a Raúl González Carrión como superintendente de Bancos, pese a que su designación se anuló por vía judicial en el 2023. Con ello, desconocieron a Romero, que fue electo en diciembre de 2024 por el mismo CPCCS.
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La Fiscalía hizo un allanamiento a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y se incautaron los teléfonos celulares de Verduga, de los que se extrajeron conversaciones y chats que estarían periciados en los que se alude a los jueces electorales.
En la sala del pleno del TCE en Quito, se encontraban este martes, los jueces principales Fernando Muñoz, Ángel Torres Maldonado, Ivonne Coloma, Joaquín Viteri y Gustavo Ortega.
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Muñoz tomó la palabra y se refirió a la investigación de la Fiscalía que habla de la existencia de “operadores políticos” en el interior del Tribunal, por lo que propuso que se haga un análisis interno con base en sus reglamentos de talento humano y Código de Ética.
“Propongo que se inicie una investigación respecto a la vinculación de funcionarios del Tribunal con estos operadores políticos, porque incluso la mencionan a usted señora presidenta (en referencia a Ivonne Coloma). El Tribunal no puede quedarse callado ni impávido ante una situación que mina la credibilidad y confianza”, reprochó Muñoz.
Ninguno de los cuatro jueces apoyó su moción. La presidenta puntualizó que la Fiscalía y el Tribunal son órganos independientes y “no es propicio que este Tribunal haga otro tipo de investigación que no sea la del órgano competente”.
De su lado, el juez Ángel Torres reconoció que estos chats y conversaciones generan preocupación, pero increpó a Muñoz que ahí se habla de un exservidor que era secretario general del Tribunal.
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La presidenta Coloma retomó la palabra y recordó a Muñoz que hubo un secretario que tiene una investigación previa por “hacer una sentencia fuera de este Tribunal” y tampoco mencionó su nombre.
Para zanjar la discusión, la magistrada enfatizó que los “chats son elucubraciones, los hechos hablan por sí mismos”, y la prueba, aclaró, es la sentencia dictada en la causa 123-2024, en la que se destituyó a Verduga, Saltos, Franco y Vielka Párraga, exconsejera suplente, por una infracción electoral muy grave.
De los audios que constan en el expediente judicial, hay una llamada grabada por Verduga en la que participa Saltos y Arauz, y este último les ofrece el apoyo del movimiento, legal y económico, para enfrentar el proceso en el TCE.
Ello, porque su destitución se dio a raíz de que los consejeros sancionados fueron promocionados en una campaña electoral elaborada por la RC y su líder Rafael Correa en el 2023, pese a que está prohibido por la Constitución y la ley que rige a CPCCS.
A estos exconsejeros se los agrupó como los candidatos de la ‘liga azul’ y de ahí el nombre que acuñó la Fiscalía a su caso Liga2.
Arauz les detalla que cuentan con “David Carrillo”, exsecretario del TCE, y que estaría asesorando a la presidenta de la Asamblea Nacional, la correísta Viviana Veloz, que es el que “tiene toda la información” que necesitan.
“El juez Guillermo Ortega es cercano a nosotros y está con Coloma. Yo, la misma Luisa González (candidata presidencial y presidenta de la RC), Santiago Díaz, Sonia Vera y el David Carrillo, cada uno tenemos diversos operadores, del bajo mundo, del sobremundo, del mundo de a lado”, dice en la llamada grupal.
David Carrillo era secretario del TCE en la administración de Fernando Muñoz y es investigado por la Fiscalía por aparentes anomalías que habrían ocurrido en la elaboración de la sentencia en el caso de la remoción al exalcalde de Quito Jorge Yunda.
Finalmente, la moción de Muñoz no prosperó y la presidenta del TCE continuó con los otros puntos del pleno administrativo. (I)
