El Consejo Nacional Electoral (CNE) está listo para proclamar resultados definitivos de la consulta popular y referéndum del 21 de abril y con ello correrán cinco días para que el Gobierno nacional envíe cinco proyectos de ley para tratamiento de la Asamblea Nacional.

A la medianoche del domingo 5 de mayo venció el plazo de tres días para que las organizaciones políticas y sociales (sujetos políticos) presenten sus recursos de impugnación a los resultados numéricos totales de la consulta popular y referéndum, aprobados el 2 de mayo.

Ninguno se presentó, con lo que el Consejo podrá cerrar este proceso electoral y en adelante la tarea pasa a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional.

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Los cinco vocales del CNE, reunidos en audiencia nacional de escrutinios el jueves anterior, aprobaron los resultados numéricos totales del conteo de votos realizados en las 24 juntas provinciales electorales y las tres circunscripciones del exterior.

Precisaron que no hubo reclamos pendientes por tratar, por lo que se abrió un periodo de tres días, como lo establece el Código de la Democracia, para que los sujetos políticos presenten impugnaciones a esa resolución y no llegó ninguna hasta el cierre del plazo, informaron autoridades de la institución.

QUITO (02-05-2024).- En el auditorio del Consejo Nacional Electoral en Quito se reinstaló la audiencia nacional de escrutinios de la consulta popular y referéndum del 21 de abril, en la que se proclamaron los resultados definitivos. Sugey Hajjar / EL UNIVERSO Foto: Sugey Hajjar

Está previsto que entre el martes o miércoles se reúna el pleno para certificar que no llegaron escritos y aprobar la resolución que se enviará al Registro Oficial (RO) para su publicación.

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Ese procedimiento implica que entre en vigor el pronunciamiento popular y el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, tendrá que remitir cinco proyectos de ley al Legislativo para su debate y aprobación.

De las once preguntas del plebiscito, cinco de ellas proponían el envío de cinco iniciativas presidenciales, para los siguientes objetivos:

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Pregunta 2: Propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que se incrementen los delitos de terrorismo y su financiación; producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; delincuencia organizada; asesinato; sicariato; trata de personas; secuestro extorsivo; tráfico de armas; lavado de activos; y, actividad ilícita de recursos mineros.

Pregunta 3: Reformas al COIP para que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos de financiación del terrorismo; reclutamiento de niños y adolescentes con fines delictivos; secuestro extorsivo; producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; actividad ilícita de recursos mineros; armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados; tenencia y porte no autorizado de armas; extorsión; revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido; tráfico de influencias; oferta de realizar tráfico de influencias; y, testaferrismo.

Pregunta 4: Proyecto de ley para que se tipifique en el COIP el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil.

Pregunta 5: Normativa para que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas; y,

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Pregunta 6: Texto para cambiar la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento.

Otras tres preguntas fueron de enmienda a la Constitución y se adaptarán directamente, sin necesidad de un pronunciamiento de la Función Legislativa.

Entre estas, la reforma al artículo 158 de la norma suprema para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en la seguridad interna de forma complementaria con la Policía Nacional; autorizar la extradición de ecuatorianos; y, crear judicaturas especializadas para tratar las acciones constitucionales.

El escrutinio oficial confirmó que, de los once ejes planteados en esta iniciativa de democracia directa, en nueve hubo respaldo popular y en dos se impuso el no.

Estas dos últimas se refieren a reconocer el arbitraje internacional para solucionar controversias; y, la segunda, permitir el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.

Los resultados obtenidos del procesamiento de datos están:

  • Pregunta 1 - A: sí 72,24 %; no 27,76 %
  • Pregunta 2- B: sí 64,34 %; no 35,66 %.
  • Pregunta 3 - C: sí 59,92 %; no 40,08 %.
  • Pregunta 4 - D: sí 33,84 %; no 65,16 %.
  • Pregunta 5 - E: sí 30,59 %; no 69,50 %.
  • Pregunta 6 - F: sí 69,66 %; no 30,34 %.
  • Pregunta 7 - G: sí 67,34 %; no 32,66 %.
  • Pregunta 8 - H: sí 66,69 %; no 33,31 %.
  • Pregunta 9 - I: sí 63,90 %; no 36,10 %.
  • Pregunta 10 - J: sí 64,06 %; no 35,94 %.
  • Pregunta 11 - K: sí 61 %; no 39 %.

Según los plazos establecidos en el plebiscito, el primer mandatario tendrá cinco días máximo «posterior a la publicación de los resultados» para enviar los textos.

En tanto, la Legislatura tendrá 60 días para tratarlos y aprobarlos.

Por el momento, entre las bancadas legislativas se intenta acordar la conformación de una comisión ocasional multipartidista para tratar los cuerpos legales que enviará Noboa para su conocimiento inmediato.

Los parlamentarios de la Revolución Ciudadana (RC) y Construye no están decididos a que se forme esta instancia y consideran que deben enviarse a la Comisión de Justicia, de ser el caso.

En tanto, las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y los independientes están inclinados hacia esta modalidad.

Finalmente, la decisión estará en el pleno de este órgano. (I)