Sebastián Corral Bustamante, exsecretario general de la Administración Pública y Gabinete Presidencial, enfrentaría un juicio político por supuesto incumplimiento sistemático de funciones al ocupar el cargo en el gobierno de Guillermo Lasso, cuando ostentaba la calidad de accionista y directivo activo de las empresas de comunicación Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil.

La solicitud de juicio político la presentó la legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana Patricia Núñez con el apoyo de 41 firmas, a más de su bloque se incluye el respaldo del asambleísta nacional Lucio Gutiérrez (PSP).

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto reunirse este 25 de marzo a las 17:30 para calificar la solicitud de juicio político y con ello pasará al listado de procesos que esperan el trámite ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento.

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Revolución Ciudadana anuncia juicio político contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración y Gabinete en el gobierno de Guillermo Lasso

Contraloría determina indicios de responsabilidad penal contra Sebastián Corral e inicia examen de bienes en paraísos fiscales

La legisladora Núñez presentó el expediente del juicio en 63 páginas, en las que describe que el exfuncionario incumplió el artículo 152 de la Constitución, donde a su criterio se configura una incompatibilidad para ejercer el cargo, lo mismo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público, por mantener acciones y vínculos empresariales con empresas de comunicación, a más de poseer bienes en paraísos fiscales siendo funcionario público.

Según la acusación, Sebastián Corral cometió un supuesto incumplimiento sistemático de funciones desde el primer momento en que se posesionó como secretario de la Administración Pública y del Gabinete Presidencial, y al hacerlo se cometió un desacato directo de su inhabilidad reconocida por la Contraloría General del Estado.

De esa forma, dice la solicitud de juicio, se demuestra que Corral “desde el primer momento cometió un deliberado, consciente y público incumplimiento de múltiples funciones y responsabilidades inherentes al ejercicio de su cargo, dándose el elemento inicial indispensable que configura un evidente incumplimiento sistemático funcional”.

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Todo esto, porque al momento de su designación como secretario general de la Administración Pública, con rango de ministro de Estado, ostentaba la calidad de accionista y directivo activo de las empresas de comunicación Cratel C. A. y Teleamazonas.

Como prueba se adjunta documentación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la que da cuenta del acta de accionistas de la compañía Centro de Radio y Televisión Cratel C. A., donde consta Sebastián Corral como accionista con un capital de 2′518557,640

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La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros determina que en el acta de socios o accionistas de la compañía Teleamazonas-Guayaquil S. A. consta el señor Sebastián Corral como accionista con un capital de $ 493′548.400.

Dichas compañías comunicacionales de carácter privado y con fines de lucro, conforme consta en los respectivos portales de contratación pública, mantuvieron vigentes diversos contratos estatales de prestación de servicios con diferentes instituciones públicas, durante el periodo de ejercicio de cargo público por parte del referido exfuncionario.

Con ello, en el expediente se afirma que constituye la violación del artículo 152 de la Constitución de la República, que expresamente prohíbe la designación como ministros de Estado a “las personas que sean representantes, apoderados o miembros de directorio de empresas privadas nacionales o extranjeras que celebren contratos con el Estado”.

El expediente incluye el informe generado por la Contraloría General del Estado sobre un examen realizado al cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades previo a la designación y posesión del cargo de secretario general de la Administración. Este análisis se realizó entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de agosto del mismo año, durante el cual Sebastián Corral ejerció dicho cargo.

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En sus conclusiones la Contraloría del Estado determinó que “se designó y posesionó al secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, mediante Decreto Ejecutivo 662 de 9 de febrero de 2023, y Acción de Personal del día 10 de enero de 2023, sin considerar que es accionista de las compañías Centro de Radio y Televisión (Cratel) y de Teleamazonas en Guayaquil S. A., las cuales mantienen con el Estado contratos de concesión de frecuencias prorrogadas, debido a que no se validó la información registrada, ni se verificó la prohibición determinada en la Constitución, ocasionando que se habilite y se permita el ejercicio del cargo público a una persona con prohibición para ocupar un cargo público de rango de ministro de Estado”.

  • El 20 de julio de 2021, Corral fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
  • El 11 de noviembre de 2021 fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante la República Portuguesa con sede en Londres, Reino Unido.
  • El 16 de febrero de 2022 fue designado embajador de Ecuador ante el Gobierno de Irlanda, con sede en Londres.
  • El 9 de febrero de 2022, Corral fue designado secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República.

Por lo tanto, desde el inicio mismo de su gestión ya existía una prohibición declarada y documentada que impedía asumir válidamente las funciones de la mencionada secretaría general con rango ministerial, sostiene la asambleísta Patricia Núñez (RC) en la solicitud de juicio político en contra de Sebastián Corral. (I)