Resta menos de un mes para que se complete el plazo que se le dio al Consejo de la Judicatura (CJ) para que se creen judicaturas especializadas en materia constitucional y se elijan los jueces constitucionales necesarios, pero problemas internos en el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial impiden que se avance con el proceso aprobado como parte de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024.

El pasado miércoles, 16 de abril, fueron convocados a un pleno ordinario del CJ el presidente del organismo, Mario Godoy, y las vocales Yolanda Yupangui y Soledad Goyes. La idea: analizar y aprobar la propuesta de Reglamento para la selección de 50 jueces constitucionales, la cual, refirió Godoy, habría sido elaborada con el aporte de los integrantes del pleno, sus equipos de trabajo, las áreas técnicas de la institución y jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Finalmente el análisis no prosperó debido a que Solanda Goyes dejó la reunión. Godoy indicó que dicha acción impide dar cumplimiento al pronunciamiento ciudadano respecto a la creación e implementación de Dependencias Constitucionales.

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Nuevos jueces constitucionales aún no se implementan, restan cuatro meses de plazo para el Consejo de la Judicatura

Según el presidente del CJ, la propuesta fue socializada en diversas mesas de trabajo y para evidenciarlo, presentó nueve memorandos y dos correos electrónicos, entre ellos uno enviado, el pasado 11 de abril, por la vocal Solanda Goyes,en el que se solicita una reunión con el presidente Mario Godoy y la vocal Yolanda Yupangui para tratar el tema.

La cita se habría definido para el 14 de abril último, pero la vocal Goyes no habría asistido, aseguró la Judicatura en un comunicado.”Esto demuestra que es falso que no se ha socializado el proyecto de Reglamento en esta administración, siempre ha existido una participación activa de las vocalías. Lo que no cabe es la imposición de criterios personales. Esa cultura de imposición es parte del agotamiento de la política en el Ecuador, y me he deslindado de esas prácticas”, Godoy.

Goyes y las inconstitucionalidades del Reglamento

De su parte, la vocal Goyes sostuvo que el proyecto de Reglamento presentado no contiene elementos claves producto de esa consulta, lo cual podría devenir en inconstitucional. Por ejemplo, recordó, no se contempla la especialidad, que era la razón de ser, pues se supone que se debe tener jueces que conocen, pero, a su decir, en experiencia no se pide ni un solo año anterior a cuando va a ejercer de juez.

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También habla de temas de probidad, aclarando que antes ya habían aprobado un formulario de conflicto de intereses que es importante, porque sería un instrumento de carácter internacional que ya se lo está aplicando y ahora no consta en este proyecto de reglamento. Otro tema que aparentemente no contendría el reglamento sería el de la paridad, el cual, refiere Goyes, es un derecho que además de estar en la Constitución, se ha señalado que tiene que ser canalizada adecuadamente.

“Estos aspectos que he venido alertando hacen que este reglamento pueda ser demandado posteriormente y eso hay que precautelar. (...) Mi compromiso con la paridad y los principios constitucionales es firme y no negociable. Como mujer proveniente de los movimientos sociales, no apoyaría ninguna propuesta que signifique retroceder en derechos ni desconocer la voluntad popular expresada en las urnas. El proyecto de reglamento presentado para el concurso de jueces de garantías constitucionales carece de discusión técnica y democrática. No exige experiencia en derecho constitucional, omite mecanismos para evaluar la paridad y no garantiza la paridad que la Constitución exige”, señaló Goyes.

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Creación de judicaturas especializadas en garantías constitucionales provoca confrontación de propuestas en la Judicatura

Aprobación presupuestaria

El Consejo de la Judicatura recibió una aprobación presupuestaria del Ministerio de Finanzas que bordea los $ 2.3 millones para la contratación de 50 jueces constitucionales que serán distribuidos a nivel nacional. Estos recursos cubrirán las partidas presupuestarias del periodo que va de mayo a diciembre de este 2025. Un total de 26 jueces ocuparan cargos de Primer Nivel y otros 24 cargo de juez de Salas DistritalesDesde el CJ se ha informado que los jueces de estas judicaturas especializadas en materia constitucional comenzarán sus labores con carga procesal cero. En enero pasado el pleno de la Judicatura resolvió crear las dependencias judiciales especializadas de lo Constitucional a nivel nacional.

De su parte, la vocal Yolanda Yupangui calificó de urgente la necesidad de cumplir con el mandato dado en la consulta popular del año pasado, aclarando que este proceso no puede ni debe ser objeto de diálogos políticos, de negociaciones privadas, ni de estrategias de ausencias que condicionen la institucionalidad.

“Ningún reglamento de esta trascendencia puede ser definido en privado. No se trata de proteger intereses privados, se trata de proteger la justicia constitucional de devolver su legitimidad su especialización y su independencia. Quiero recordar que todos los funcionarios judiciales, (...) tenemos la obligación de revisar permanentemente, exigir conforme el estatuto orgánico de la Función Judicial, esa es nuestra responsabilidad legal y ética como vocales de este CJ. Nuestro deber no termina en esas mesas técnicas, nuestro deber es pronunciarnos aquí en el pleno, con voz firme de cara al país con transparencia y sin evasivas. La justicia constitucional debe construirse con urgencia esa fue la decisión del país”, acotó Yupangui. (I)