El poder silencia voces críticas en los medios de comunicación

En los últimos tres años la voz crítica de comunicadores ha sentido el peso del poder, representado por autoridades locales, fiscales, gubernamentales, organismos de control u otros.

Ese peso, en mayor o menor grado, ha provocado: renuncias de profesionales vinculados a medios de comunicación, procesos legales en su contra o la suspensión de programas.

Fundamedios, organización que aboga por la libertad de expresión en el país, registra a través de su Red de Monitoreo 191 alertas de amenazas a la libertad de prensa entre marzo del 2008 y agosto de este año. Es decir, en lo que va del 2010 se han presentado 88 alertas más, pues hasta el 2009 la organización contabilizó 103.

Por eso está preocupada y advierte que las voces disidentes o críticas se están extinguiendo, “lo cual es extremadamente grave para una democracia”.

Así se pronunció mediante boletín el pasado 27 de agosto, cuando el periodista Jorge Ortiz renunció a Teleamazonas, donde trabajó nueve años.

Ortiz, con más de tres décadas en el oficio, explicó a los televidentes que se retiraba para no ser un “obstáculo” del Gobierno en el proceso de venta de las acciones del canal, que deberá concluir el próximo mes según la Constitución.

Y aunque aclaró que se iba por voluntad propia, dejó entrever que la abierta confrontación que el presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo con él, incidió en su dimisión. Por ello anticipó que regresaría a la pantalla cuando se pueda “discrepar, disentir y cuestionar sin ser víctimas de insultos, ofensas, amenazas y persecuciones como ocurre actualmente”.

Para Fundamedios este es un claro ejemplo de autocensura. El analista y subdirector del diario Expreso, Jorge Vivanco, añade los casos de Carlos Vera y Julio Ayala Serra. El primero responsabilizó al régimen de Correa de la polémica que derivó en su salida de Ecuavisa, y el segundo denunció que “por acciones del Gobierno” tuvo que abandonar un programa en radio Atalaya de Guayaquil.

Para Vivanco estos tres casos no solo representan autocensura sino que evidencian una nueva forma de presión del poder: castigar a las empresas –en este caso, medios de comunicación– para conseguir la salida de los periodistas que critican. “Ellos se hacen a un lado en homenaje al bienestar de las empresas, pero sacrifican un principio de independencia del periodista frente al poder”.

El analista sostiene que antes de Correa, los estamentos del poder atacaban directamente al reportero y no a los medios.

Pero según Eric Samson, coordinador de la carrera de periodismo multimedios de la Universidad San Francisco de Quito, “el fenómeno nefasto de la autocensura” no empezó con este Gobierno sino que surge por la estructura de algunos medios que no entienden que el servicio que brindan debe responder a la comunidad y no a sus propios intereses.

Este francés, que reside en el país desde hace 22 años y es corresponsal para Reporteros Sin Fronteras (RSF), reconoce que en los últimos tres años la problemática se ha agravado. Esto, dice, debido a la “virulencia y agresividad verbal con la cual el Presidente trata a los periodistas”, lo cual genera miedo y autocensura, asegura Samson.

Fundamedios reporta que el principal agresor de la libertad de prensa se ubica dentro de la categoría ‘funcionario público’, y que allí, el segundo lugar lo ocupa la autoridad representada por el Presidente.

Por eso reitera su preocupación por el silencio de ciertos reporteros críticos, pues “su presencia marca la necesaria pluralidad que debe haber en los medios de comunicación en una democracia”.

Luisa Delgadillo, periodista del canal RTS, asegura que el Gobierno no ejerce presiones y cita su caso de ejemplo. Ella se ausentó por tres meses para tomar vacaciones, tiempo en el cual el espacio de entrevistas que conducía quedó fuera del aire y el set fue sometido a una reestructuración.

De esta forma ella busca aclarar a Fundamedios, que la refirió como otro episodio de autocensura, registrado después de una entrevista al asambleísta Galo Lara (SP).

Ella, al igual que periodistas de medios incautados, han sido invitados a conversatorios con el presidente Correa.