La responsabilidad de los apagones y de su gravísima afectación a la calidad de vida de los ecuatorianos es compartida, entre la desinformación para medidas urgentes, del actual gobierno, que se acerca a su primer semestre, y los gobiernos que no fueron eficientes en la inversión para el sector eléctrico, por las múltiples ineficiencias arrastradas, aun no superadas.

¿Qué es la crisis energética de Ecuador?

Pienso que Roberto Luque, como ministro encargado, está haciendo válidos esfuerzos, por lo que es un despropósito que en la Asamblea Nacional –con 91 votos y solo 6 en contra, a más de ausencias y abstenciones– se le direcciona un proceso sometido a la Comisión de Fiscalización, controlada por el correato.

Noticia positiva: con el cierre de los escrutinios de referéndum y consulta popular del domingo 21 de abril del 2024, se evidencia que los sufragantes rechazaron el voto en plancha, no solo porque se aprobaron nueve de los once puntos sometidos a la votación y se rechazaron dos, sino que los porcentajes de aprobación –todos diferentes– estuvieron entre el 72.24 % –la primera– y el 61 % –la undécima–.

(...) al fin –el Gobierno– los llama por lo que son: “narcopolíticos”. Gravísima imputación.

Lo de la Corte de la Haya, en cuanto a medidas cautelares, no tendrá el efecto de desacreditar al Ecuador, a más que solo se refiere a respetar a futuro los espacios diplomáticos y consulares, no juzgando lo pasado que llevará años. Hay 19 casos para considerar antes de que se resuelvan las demandas y las defensas de México y Ecuador.

El correato está pidiendo información de lo que le costaría al Ecuador su concurrencia a la Corte de La Haya. Seguro que será caro, que no habría que gastar si desde el correato no se hubiera excitado al presidente mexicano López Obrador para el despropósito de procesar al Ecuador, que no es a Daniel Noboa, en singular.

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Lo de alimentación en volúmenes masivos, para los centros de privación de libertad de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi, y también el servicio en los cinco reclusorios que conforman el complejo penitenciario de Guayaquil, así como la entrega de alimentos para el programa de alimentación escolar, por años ha tenido un solo proveedor, no por licitación, sino por invitación, a pagarse con convenios de pago, el grupo Riasem, de la que una de las empresas es Lafattoria S. A., que se ha negado a continuar entregando alimentos en cárceles de la Sierra. Contra ellos el presidente Noboa ha expresado: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado.

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En este país, han estado acostumbrados a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales. Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes por años, acostumbrándolos a otro tipo de política. Hoy se sienten amenazados y se empeñan en obstaculizar el progreso de este Gobierno que, al fin, los llama por lo que son: narcopolíticos”. Gravísima imputación. (O)