Las condiciones climatológicas del país mantienen cotas y caudales al alza en los primeros días del 2024 en los embalses de algunas centrales hidroeléctricas. Mientras más caudal y más lluvia, se aleja el riesgo de nuevos apagones. La ministra de Energía, Andrea Arrobo, anunció hace pocos días que este 8 de enero se hará una nueva evaluación para saber si se retoman los apagones, o más bien habrá un nuevo periodo de gracia libre de cortes de energía para los ciudadanos.

  • De acuerdo con los datos de Celec Sur, la cota de Mazar se encuentra en 2.146 metros sobre el nivel del mar, cuando el mínimo es de 2.114.
  • La cota de Amaluza, que es actualmente de 1.985 m s. n. m., tiene un piso mínimo de 1.935 m s. n. m.

Los caudales también han crecido:

  • Por ejemplo, el caudal de Mazar tuvo en el año pasado un promedio de 61,39 metros cúbicos por segundo (m³/s), pero el 5 de enero se ubicó en 93,86 m³/s.
  • Paute estuvo con un caudal de 96,68 m³/s en 2023, pero el 5 de enero se ubicó en 125,09 m³/s.

A pesar de ello, la generación hidroeléctrica en los pocos días de este primer año ha bajado. Mientras que el 30 de diciembre pasado se reportó a través del Operador de Electricidad (Cenace) que la energía por centrales hidroeléctricas se ubicó en 91 %, este 4 de enero solo llegó a 75 %. En todo caso, no llega a niveles críticos, como el de 60 % de cuando hubo apagones.

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De acuerdo con Fernando Salinas, experto en temas energéticos, lo que sucederá en el futuro con los apagones es una pregunta difícil de responder en este momento, pues está supeditado a lo que suceda con el tema climatológico. Indica que en estos días se ve que hay lluvia, lo que ha permitido evitar los apagones. Pero si deja de llover, seguramente se volverá a los racionamientos.

Sobre el hecho de que en días pasados se haya llegado nuevamente a tener niveles de generación hidroeléctrica de 91 %, explica que esto es posible porque si por la lluvia hay bastante generación, entonces esta se la consume.

Avance en proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón

Entre tanto, la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, junto con los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional realizaron una inspección al proceso de construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, de 254 megavatios.

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De acuerdo con el ministerio, la puesta en operación del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón es fundamental para enfrentar los próximos estiajes, ya que su aporte energético es complementario al de las centrales eléctricas ubicadas en la vertiente de la Amazonía.

Arrobo y los asambleístas verificaron los trabajos en la central Alluriquín, de 204 MW, la más grande del proyecto. La obra registra un avance del 78 % en la instalación de los componentes electromecánicos. La ministra durante esa visita había destacado que la falta de voluntad política por parte del Gobierno anterior no permitió avanzar en la solución de los problemas que tiene el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.

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De acuerdo con Salinas, la puesta en marcha de Toachi-Pilatón todavía podría demorar varios meses, pues está previsto que entre a prueba en el último trimestre del 2024. Sobre la postura de la ministra en el sentido de que habría sido por falta de voluntad política que no se puso en marcha antes esta obra, se muestra de acuerdo. Dice que las dos administraciones anteriores (la de Guillermo Lasso y la de Lenín Moreno) no arreglaron los problemas que dejó la administración de Rafael Correa.

Considera que en esta actitud pudo haber un afán político de mostrar que lo que hizo ese gobierno no estuvo bien; sin embargo, tampoco se construyó nueva infraestructura que cubriera la cada vez mayor demanda. También pudo haberse generado esta actitud por tratar de favorecer a importadores de combustibles. En todo caso, asegura que el Estado sí pudo haber invertido recursos en mejorar el parque eléctrico. Y, si lo hubiese hecho, al final no hubiese tenido que pagar más de $ 200 millones en la importación de electricidad de Colombia.

Lo cierto es que al menos en Toachi-Pilatón se presentó una serie de irregularidades, como glosas emitidas por Contraloría por más de $ 90 millones y daños constructivos, como fisuras y otros problemas. (I)